La sesión en la Cámara alta es clave. Incluirá proyectos para aumentar las jubilaciones y distribuir fondos retenidos a las provincias. El debate pondrá en tensión el equilibrio fiscal que busca mantener el Gobierno.
El Gobierno nacional se prepara para enfrentar este jueves una posible derrota legislativa en el Senado, donde una mayoría opositora podría unirse por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo es aprobar el reparto de fondos que los gobernadores reclaman como propios y que, según dicen, la Casa Rosada mantiene retenidos para garantizar el equilibrio fiscal.
La sesión está prevista para las 14:00 horas, conforme al cronograma aprobado por los senadores en marzo pasado durante una sesión preparatoria, que estableció los días miércoles y jueves como fechas hábiles para sesionar. Esta vez, la Cámara alta podría reunirse sin una convocatoria formal por parte de sus autoridades, algo inédito en su historia.
La vicepresidente Victoria Villarruel optó por no convocar oficialmente a la sesión con el objetivo de evitar mostrar una posible debilidad institucional y política frente a la presión opositora. Sin embargo, ante el clima adverso al Ejecutivo que se percibe en varios bloques, confirmó que presidirá el debate en caso de que haya quorum.
La realidad es que el inicio del debate está prácticamente asegurado gracias a un acuerdo momentáneo entre el bloque kirchnerista, senadores de la UCR y del PRO, que permitiría reunir los 37 legisladores necesarios para habilitar la sesión.
Este grupo respalda un proyecto que plantea una suba del 7,2% en las jubilaciones, eleva el bono para el haber mínimo a $110.000 y declara la emergencia en la prestación de servicios para personas con discapacidad. Estas propuestas ya cuentan con media sanción de Diputados desde el 5 de junio, por lo que su aprobación definitiva en el Senado está prácticamente garantizada.
En cambio, la iniciativa que establece una nueva moratoria previsional enfrenta más dificultades. El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, no cuenta con el respaldo del resto de la oposición, que considera que su implementación tuvo fines electorales al ser promovida durante la campaña de Sergio Massa en 2023.
Además, señalan que generó un aumento en la cantidad de jubilaciones sin aportes, lo cual afectó el sistema previsional. De avanzar, la propuesta requeriría modificaciones y debería volver a la Cámara baja.
De todos modos, antes de debatir estos proyectos, los senadores deberán resolver una discusión reglamentaria sobre si las iniciativas cuentan con dictamen de comisión válido.
Algunos opositores argumentan que pueden tratarse directamente, mientras que desde la presidencia del Senado y la Secretaría Parlamentaria se sostiene que, al no haber sido tratadas en plenario con las comisiones reunidas formalmente, carecen de despacho y necesitan el respaldo de dos tercios de los presentes para ser debatidas.
Los gobernadores en plan de lucha
Los proyectos impulsados por los gobernadores provinciales también deberán ser habilitados para su tratamiento sobre tablas. La semana pasada, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios decidieron avanzar con dos proyectos de ley para exigir la distribución de fondos que consideran legítimos para sus jurisdicciones.
Las propuestas apuntan a eliminar diversos fondos fiduciarios que, según indican, no se utilizan con el fin previsto, y establecen un nuevo esquema de reparto de recursos con base en los criterios de coparticipación. Esto incluye tanto los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como una parte significativa del impuesto a los combustibles líquidos.
En este caso, no se prevén obstáculos para alcanzar los dos tercios necesarios. Los proyectos cuentan con el respaldo de 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, lo que anticipa un amplio consenso parlamentario. Se espera que bloques radicales, kirchneristas, provinciales e incluso del PRO acompañen las propuestas.
Esta votación representaría la primera vez que la oposición se unifica en su totalidad en una acción legislativa desde el inicio de la gestión de Javier Milei, dejando de lado las diferencias entre sectores más duros como el kirchnerismo y los espacios dialoguistas como la UCR, el PRO y partidos provinciales.
El amplio respaldo podría garantizar que ambas cámaras insistan con las leyes en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetarlas. De todos modos, las iniciativas deberán pasar aún por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno podría intentar negociar para evitar una nueva derrota legislativa.
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