La auditoría del Estado detectó irregularidades en los fondos fiduciarios: deudas y cuentas sin control

En la revisión que la Casa Rosada hizo de los fideicomisos, advirtieron sobre faltas de control y comités que aprueban puntos sin que estén en el orden del día.

La auditoría del Estado nacional que encargó la gestión de Javier Milei encontró irregularidades en los fondos fiduciarios bajo el ala de ministerios y organismos oficiales. Se trata de cajas multimillonarias sobre las que desde hace décadas hay pocos controles y muchas dudas. Una especie de caja negra de la política.

En este sentido, la revisión del estado de situación que llevó adelante la Casa Rosada detectó fondos sin auditar desde 2012, posibles conflictos de intereses entre los miembros de sus comités y hasta fideicomisos que destinan más dinero a sus propios gastos administrativos que a la tarea para la que fueron creados.

Los fideicomisos sobre los que se encontraron irregularidades -con un corte a diciembre de 2023- dependían del Ministerio de Justicia; Economía (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y Energía) e Infraestructura (Vivienda). Ahora todos están bajo el ala de Luis Caputo.

La auditoría del Estado detectó graves irregularidades en los fondos fiduciarios de Ministerios y organismos

Los fondos fiduciarios (como se conoce a los fideicomisos que son públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza. Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante) transfiere bienes o millonarias sumas de dinero a entidades -por lo general bancarias- (fiduciarios) para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que colocan interrogantes sobre esta regla.

Una de las irregularidades que se detectó en la auditoría se centra en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que ahora conduce Mariano Cuneo Libarona. Según los documentos a los que accedió este medio, el monto total de dinero de ese fondo a diciembre de 2023 era de $21.274.693.

La auditoría que se hizo sobre esta cartera y este fondo en particular demostró que hay “ausencia de control en la ejecución e instrumentación del fondo”, además de falta de informes mensuales, semestrales y anuales de la gestión y las actividades de este fideicomiso que se deben elevar al Consejo Federal para la lucha contra la trata.

Además, hay un dato que es realmente llamativo. Según el ejercicio 2022/2023, los gastos administrativos del fideicomiso “superaron ampliamente a los montos de beneficios otorgados a las víctimas del delito de trata”. En otras palabras, cuesta más caro sostener el fondo que la cantidad de plata que se envía a las víctimas.

Otro de los fondos sobre los que se encontró irregularidades es el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuyo monto total a diciembre era de $968.467.514.987, que dependía del ahora ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ahora bajo la órbita de la cartera de Infraestructura.

El documento de la auditoría marca que las deudas acumuladas de este fideicomiso ascienden a $4.700.000.000 y además advierte que la información cargada en el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas presenta inconsistencias entre los estados contables y los datos cargados en el archivo Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento. En el primero figura un aporte adicional del estado nacional con una diferencia de casi $768 millones.

En febrero, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de fondos fiduciarios por un total de US$2000 millones al asegurar que se trataban de “cajas de la política”, pero hasta ahora esa medida no se hizo efectivo al menos en el Boletín Oficial.

Otra de las irregularidades que se mencionan en la auditoría es la falta de control sobre estos fondos. A modo de ejemplo, el último estado contable del Fideicomiso Gasoil y Tasas Viales, que se utiliza para atender el pago de las compensaciones por la disminución de ingresos de los concesionarios viales fue el 31 de diciembre de 2012.

En la Secretaría de Energía encontraron que el Fondo Fiduciario para el transporte eléctrico federal tiene redeterminaciones o pagos pendientes en varias obras y respecto del Fondo Fiduciario para Subsidio de Consumo Residencial de Gas Licuado de petróleo advirtieron que la Secretaría de Energía no lleva adelante controles rigurosos sobre la rendición de cuenta del fiduciario, es decir, del Banco de la Nación Argentina (BNA).

A su vez, la auditoría del Estado hizo particular hincapié en debilidades en el control interno de tres fondos que dependen del Ministerio de Economía.

• Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial: $354.709.777.446.
• Fondo fiduciario para la refinanciación hipotecaria: $7.168.707.057.
• Fondo fiduciario de capital social: $361.000.000.

Otro de los fondos fiduciarios en la mira es el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), compuesto por un monto total de $876.855.503.671, sobre el que se detectaron que las rendiciones de cuenta mensuales presentan debilidades en su composición y en su aprobación.

Allí se advierte sobre un detalle no menor. La auditoría habla de “aprobaciones tácitas”, sin que el Comité las trate en el orden del día, es decir, aprobaciones de diversas cuestiones vinculadas al fondo sobre las que en rigor no se dialogó. Además, se menciona como otra irregularidad que el Comité de Administración del FOGAR se encuentra conformado por miembros que integran el mismo grupo económico que el BICE Fideicomisos S.A. (fiduciario).

En el caso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), integrado por un total de $15.215.088.791, la auditoría determinó que la estrategia de inversión resultó inadecuada para los años 2017 y 2018 debido a incumplimientos respecto del límite de colación de hasta un 30% en plazos fijos (Ley N° 27.349). A su vez, el informe de revisión del Gobierno concluyó en que se registraron demoras excesivas para efectuar rendiciones y que se observaron un “alto porcentaje de proyectos que no presentaron rendiciones a término.