Es por la causa que tuvo sentencia en 2015, por la quita de coparticipación. El máximo tribunal fijó las tasas y se definió el monto que deberá abonar el Estado Nacional.
Luego de años de disputas, la Corte Suprema de Justicia fijó el monto que el Estado Nacional estará obligado a devolver a la provincia de Santa Fe por la quita de coparticipación. Serán en total $86.000 millones que se desprenden de dos causas iniciadas en 2009.
La decisión se conoció apenas horas después de que Martín Soria, ministro de Justicia, se haya reunido con los jueces de la Corte en un clima de alta tensión.
El máximo tribunal había resuelto la causa en noviembre de 2015 y había dado la razón a la provincia -también a San Luis y Córdoba, los otros distritos que habían reclamado-.
Sin embargo, la deuda se mantuvo impaga durante años. Incluso después de la firma del consenso fiscal en 2017, cuando el gobierno nacional llegó a un acuerdo con casi todas las provincias, incluida Santa Fe.
Por eso es que la Corte tenía que volver a referirse al monto que Nación debía abonar en concepto por la restitución de recursos coparticipables que no recibió la provincia.
La decisión actual fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En la sentencia aclaran que en el espíritu de la decisión de 2015 tuvieron el propósito de que las partes acordaran el monto, forma de pago y plazos, lo que no ocurrió.
En cuanto a la tasa de interés aplicable, la Corte hizo lugar a la impugnación del Estado Nacional. Por eso es que se aplicará la tasa pasiva del Banco Central y no la tasa activa del Banco Nación, lo que pretendía la provincia. Este último criterio se había aplicado en el caso de San Luis.
Igualmente, no se hizo lugar al pedido de Nación de aplicar la tasa del 6,72% nominal anual. La Corte aseguró que ese porcentaje no estaba previsto en el Consenso Fiscal para los juicios con sentencia firme, como este caso. El tribunal tampoco dio lugar al pedido de Nación de que se reduzcan los montos por la liquidación en función del «crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la provincia durante todo el periodo».
Si bien en la causa no se explicitan los números, la liquidación se calcula en $68.000.000.000. A esto se suma otra causa que se resuelve en términos similares, y se sumarían otros $18.000.000.000.
El fallo se conoció después de la tensa reunión que Soria mantuvo por la mañana con los cuatro miembros del máximo tribunal. En esa conversación, el ministro de Justicia abiertamente reprochó a los jueces tener «una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad» y les manifestó su «por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años».
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