El Máximo Tribunal ratificó la condena a seis años de cárcel e imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida para la ex mandataria. La noticia llegó mientras la ex presidenta se encontraba en la sede del Partido Justicialista para definir estrategias junto a su equipo.
Finalmente, y como parte de una decisión que podría cambiar el rumbo político de la Argentina, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, intrínsecamente relacionada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso, se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Con esta medida, la ex presidenta enfrentará seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
El Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, había convocado a sus colegas Ministros este martes a las 16 hs, para decidir el caso conocido como “Vialidad”. Pasadas las 16, momento en que las expectativas por el anuncio se mantenían en un punto cúlmine, tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían emitido sus votos. Sin embargo, el anuncio no salió sino hasta las 17:20, una hora y veinte después.
Esto se hace en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (texto conformado por acordada 36/2003), según el comunicado dado a conocer por el Máximo Tribunal.
Parte del fallo la Corte resolvió: “Los reclamos de la defensa llevan a examinar cuestiones —de hecho y prueba en muchos casos, ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medie un supuesto de arbitrariedad— tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada, las relaciones personales y comerciales que unían a Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros».
Sobre este tema, el texto continúa: «En particular, la decisión apelada aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios. Esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.
El borrador que circulaba entre los magistrados fue redactado por el secretario penal de la Corte, Diego Seitún. En él se propone desestimar todos los recursos interpuestos, tanto por las defensas como por el fiscal Mario Villar, y respaldar así la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner, junto con las penas impuestas a los otros ocho acusados.
Dicho documento, aunque considerado por los jueces, no es vinculante, ya que cada magistrado dispone de sus propios textos elaborados por los equipos de sus vocalías.
Los instantes previos a la confirmación de la Corte
En una jornada clave, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó una reunión con el bloque de senadores de Unión por la Patria en la sede del PJ Nacional. Allí aguardaron juntos la posible resolución de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad.
En las puertas de la citada sede fue recibida por cientos de militantes que se encontraron allí desde temprano para manifestar su respaldo a la ex mandataria.
De la reunión participaron los jefes de los bloques kirchneristas del Frente Nacional y Popular, José Mayans, de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, y de Convicción Federal, Fernando Salino.
Asistieron 32 de los 34 senadores K, con excepción de la santiagueña Claudia Abdala, y el chaqueño Antonio Rodas.
El informe de Seitún examinaba detalladamente los argumentos de los recursos de queja, revisa precedentes jurisprudenciales de la Corte en casos análogos y sugería una resolución específica: aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para desestimar los planteos sin mayor análisis.
Este procedimiento, habitual en el tribunal, permite rechazar recursos sin entrar en un debate jurídico extenso ni fundamentar exhaustivamente la decisión. Sin embargo, dado el impacto político e institucional de este caso, los jueces optaron por dedicar más tiempo a preparar un fallo más elaborado.
Cuántos años tiene Cristina Kirchner y por qué podría obtener prisión domiciliaria
La ex mandataria tiene 72 años, motivo suficiente para obtener el «beneficio» a partir de la Ley 26.472. Por este motivo, Cristina cuenta con diversas opciones que podría presentar para llevar a cabo su arresto. Una de ellas es su departamento en el barrio de Constitución, donde vive actualmente.
La presidenta del PJ también cuenta con residencia en El Calafate, en Santa Cruz, donde tiene su domicilio legal registrado. Sin embargo, y según allegados a la ex funcionaria, la propiedad de Constitución «sería la opción más viable”. También podría radicarse en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Allí vivió junto a Néstor Kirchner.
La Causa Vialidad termina con Cristina Kirchner presa
La sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Estos magistrados evaluaron irregularidades en la asignación de obras públicas en Santa Cruz y el desvío de fondos públicos.
En noviembre pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó esta condena en un fallo de más de 1.600 páginas, y desestimó los recursos de las defensas y del fiscal.
En la misma resolución, se confirmaron las penas por fraude a la administración pública de Lázaro Báez (6 años), José López (6 años), Nelson Periotti (6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), José Santibáñez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses). Todos los exfuncionarios fueron inhabilitados de por vida para cargos públicos, medida también avalada por Casación.
Por decisión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, se descartó la aplicación del delito de asociación ilícita, y se ratificó la absolución del tribunal oral en este punto. En disidencia, Hornos sostuvo que sí correspondía calificar los hechos como asociación ilícita.
El fallo de la Corte también consolida las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
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