26 noviembre, 2024

La pobreza trepó al 55% en el primer trimestre del Gobierno de Javer Milei, según la UCA

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señaló que la pobreza era del 44,7% en el tercer trimestre del Gobierno de Alberto Fernández y subió más de 10 puntos. La indigencia alcanza actualmente al 17,5%.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que viene midiendo indicadores socioeconómicos hace años, difundió este lunes un informe según el cual la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 —en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández—, al 55,5% en el primer trimestre de este año, con Javier Milei, al tiempo que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

La pobreza, que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria, de acuerdo al mismo estudio, ya alcanza a 24.9 millones de residentes de áreas urbanas en el país, de los cuales unas 7.8 millones de personas están sumergidas en la pobreza extrema o indigencia. «La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”, se detalla en el informe titulado «Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina».

Inseguridad alimentaria, planes sociales, mortalidad infantil, situación educativa y laboral

Por otra parte, “se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”, se destaca. «Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente», se agrega en el documento elaborado por el observatorio de la UCA.

Sobre la gestión gubernamental, se advierte que «los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado». «Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio», se especifica.

Más de un tercio de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria

En el relevamiento también se hace foco en la situación educativa, y en ese aspecto se destaca el dato de que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. «Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)», añaden.

Como contracara, se consigna que los índices de mortalidad infantil registraron mejoras entre el 2005 y el 2022, aunque el panorama es dispar. «La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria», se analiza en el informe del ODSA.

Por último, al poner la lupa en el mercado laboral, el sondeo revela que «el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable».