La medida afecta a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, pero no a José Federico Tournier, ya que pese a estar en el grupo parlamentario de la UCR en la Cámara de Diputados, no cuenta con una ficha de afiliación al partido.
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) aprobó este lunes suspender de afiliación a cuatro de los cinco diputados nacionales que el miércoles pasado votaron a favor del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, al menos mientras dure la investigación del Comité de Ética del partido.
La medida afecta a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, pero no a José Federico Tournier, ya que pese a estar en el grupo parlamentario de la UCR en la Cámara de Diputados, no cuenta con una ficha de afiliación al partido. El correntino se sumó a la bancada que conduce Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.
El caso fue elevado al Tribunal Nacional de Ética en virtud del artículo 53 de los estatutos del partido, ante «fallas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura lesionen la dignidad del partido». El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate, de la provincia de Santa Fe; Juan Pedro Tunessi, de Buenos Aires, y Ricardo Barrios Arrechea, de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.
La resolución firmada por la Convención Nacional señala que «al tratarse el veto presidencial, cuatro diputados nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido».
«Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal», añadieron.
«El presidente Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional que otorgaba un aumento de los haberes jubilatorios. Se trataba de una mínima compensación a la brusca devaluación y salto inflacionario del comienzo de su mandato. El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial», explicaron.
«Esta Convención Nacional rechaza el veto presidencial, hace un llamamiento a los diputados y diputadas para que sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado y con sus propios votos que la habían apoyado y pide enfáticamente que preservemos los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados», añade el comunicado.
Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación, luego de haber argumentado a favor de la postura del Gobierno durante el debate. Ellos dos no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro, que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo.
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