Petri quiere cambiar el decreto k que prohíbe a las Fuerzas Armadas colaborar en el combate al terrorismo y el narcotráfico.

El ministro de Defensa habló de “la necesidad de modificar la legislación”. Es una discusión abierta en el Gobierno, que se reavivó ante la violencia narco y la amenaza del terrorismo. Mientras tanto, avanza la renovación de las cúpulas militares

El ministro de Defensa, Luis Petri, criticó el decreto kirchnerista que les prohíbe a las Fuerzas Armadas brindar apoyo o colaboración en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico. El funcionario dejó expuesta la existencia de un debate intenso que hay en el seno del gobierno de Javier Milei para establecer las reformas que permitan alinear las políticas de Seguridad y Defensa. Es una discusión que gana una enorme actualidad por la situación de Rosario, donde hay un gobernador amenazado de muerte por narcos, y por las escenas aterradores de Ecuador, un país asediado por el narcoterrorismo.

La voluntad de cambiar esa normativa, que es central para el accionar militar porque limita sus funciones y orienta los objetivos a sólo Fuerzas Armadas regulares de otros Estados Nacionales, quedó expuesta en simultáneo a la conformación de la nueva cúpula castrense. El ministro habló sobre terrorismo y luego sobre narcotráfico en los dos actos que tuvo: el primero, en la toma de juramento y puesta en funciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Julián Issac; y después, en la oficialización del nuevo jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Fernando Luis Mengo.

“Tenemos innumerables desafíos en materia de defensa. Somos consciente de la necesidad de modificar nuestra legislación para ampliar nuestras capacidades. Recién mencionaba (a Hamas y) el brutal atentado en Israel: con nuestro decreto, ese brutal atentado perpetrado por una organización terrorista no podría haber sido repelido por nuestras Fuerzas Armadas. Esto habla de la necesidad de modernizar nuestra legislación, de continuar con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, de aumentar sus capacidades militares y de propender al bienestar general”, afirmó Petri frente al Edificio Libertador, a metros de la Casa Rosada.

Después, en la jura del brigadier Mengo, Petri habló sobre la cuestión del narcotráfico. En el acto de juramento del nuevo titular de la Fuerza Aérea, el ministro dijo: “Tenemos un país que debemos reconstruir económica y socialmente. Un país que sangra en Rosario producto del narcotráfico, donde ha habido, sin lugar a dudas, una dirigencia política cómplice y encubridora que permitió su avance”.

Son definiciones cruciales porque tocan temas sensibles tanto para la política como para las Fuerzas Armadas, que miran con recelo cualquier cambio en la legislación que pueda empujarlos a participar de cuestiones de seguridad interior o el combate contra bandas criminales. “No, no”, fue la respuesta escueta y a la vez contundente que recibió Infobae cuando consultó en lo más alto del Ministerio de Defensa si las palabras del ministro habían tenido que ver con poner a los militares a enfrentar narcos.

De todas maneras, sí es cierto que hay una discusión no zanjada respecto de los nuevos objetivos militares, las nuevas amenazas y cómo solucionar las limitaciones que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para prestar cualquier tipo de apoyo logístico o como auxiliar frente a la amenaza del narcotráfico y del terrorismo, sobre todo en cuestiones de recursos materiales, transportes e infraestructura o incluso para custodiar objetivos civiles. Se trata de dos flagelos -el terrorismo y el narcotráfico- que ya se convirtieron en peligros transnacionales y que llegan incluso a poner en riesgo la estabilidad de instituciones y gobiernos enteros.

Un ejemplo es el caso de Santa Fe, donde las bandas narcocriminales y el sicariato, tienen en vilo a Rosario y alrededores y el gobernador Maximiliano Pullaro vive amenazado y tuvo que sacar a su familia para protegerla. Y otro ejemplo mucho más extremo es el de Ecuador, un país donde ayer se vivieron escenas de una brutalidad extrema y un ataque coordinado a instituciones públicas y privadas que puso en jaque al gobierno nacional de Daniel Noboa. Como lo mencionó Petri en su discurso, otra amenaza frente a la que los militares no pueden actuar es la del terrorismo. En Israel Hamas ejemplificó la envergadura que puede tener un ataque militar de fuerzas armadas dispuestas a cometer las peores aberraciones, que no responden a una nación ni a una bandera.

En la discusión sobre la reforma del decreto que regula la actividad de los militares hay una protagonista crucial que es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien Petri tiene una relación política óptima. De hecho, ambos integraron la fórmula de Juntos por el Cambio que salió tercera en octubre y asumieron en ambos cargos después de que Milei decidió desplazar a la vicepresidenta Victoria Villarruel de esas áreas, que fueron durante toda la campaña su principal activo.

El presidente no sólo dejó a Villarruel destinada a cumplir tareas sólo en el Senado, sino que se apoyó en Bullrich y Petri. Con la ministra coordinó el protocolo antipiquete y con el ministro, por ejemplo, viajó este fin de semana a la Antártida Argentina.

En el marco de esa sintonía es que el lunes se reunieron Bullrich y Petri. Desde el entorno de ambos funcionarios aclararon que en ese encuentro se habló de avanzar en compras en conjunto para abaratar costos, control en materia de pesca, pero no se abordó la participación de Defensa en la lucha contra el narcotráfico ni el terrorismo. Para la ministra la cuestión narco es crítica, tanto que anoche habló sobre la cuestión de Ecuador y prometió “ayudar y mandar fuerzas de seguridad si hace falta”. Y agregó: “Es un tema continental. Lo que pase en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia influye en la Argentina. Tenemos que protegernos de esto [el narco] como país y como continente”.

El decreto de la polémica

Volviendo a la Defensa. ¿A qué se refirió Petri cuando habló de “modernizar nuestra legislación”? En concreto Petri habló del decreto que firmó Alberto Fernández a los pocos meses de asumir, en 2020, que desactivó la actualización que había hecho antes el presidente Mauricio Macri para permitir que los militares puedan enfrentar “agresiones externas” que no sean sólo Fuerzas Armadas de Estados Nacionales. Fernández repuso la vigencia de un anterior decreto, firmado en 2006 por Néstor Kirchner, que fijó de manera explícita esos límites y les impidió cualquier tipo de intervención en cuestiones de seguridad interior.

Ese decreto kirchnerista, firmado en un contexto de recelo y desconfianza con los militares, había sido reformado por Macri para ampliar el área de influencia y luego, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo restableció. “El mencionado Decreto N° 703/18, al establecer como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas al conjunto de las denominadas ‘nuevas amenazas’, pone en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta como el Instrumento Militar, que se encuentra funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”, estableció la resolución presidencial que en 2020 repuso el decreto kirchnerista.

En el discurso que pronunció este martes el ministro Petri hay un fragmento que sirve para confrontar el anterior con el actual gobierno de Javier Milei: “Durante muchísimo tiempo en la República Argentina las Fuerzas Armadas han sido injustamente demonizadas, destratadas, cuando deberían ser reivindicadas porque son Fuerzas Armadas de la democracia (…) Las Fuerzas Armadas están para defender la Constitución, están para defender los intereses vitales de la Patria, la integridad territorial, la autodeterminación, la soberanía, la libertad, la vida de todos y de cada uno de los argentinos, pero fundamentalmente son defensores y custodios de la paz, de la paz de todos y de cada uno de los argentinos”.