Había denunciado “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas” en el último desalojo de grupos mapuches en Villa Mascardi.
Luego de denunciar “graves violaciones a los derechos humanos” en el último desalojo de grupos mapuches de tierras públicas y privadas en el sur del país, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó la renuncia este jueves a su cargo, según confirmaron fuentes oficiales a TN.
La reemplazaría María Cristina Perceval, hasta hoy secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, del mismo ministerio.
Gómez Alcorta -ex abogada del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, y de Milagro Sala- deja el cargo cuando falta menos de un mes de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM) que se realizará del 7 al 11 de noviembre en Buenos Aires, y en el que estaba previsto que la ministra tuviera un rol protagónico.
Con su salida, el presidente Alberto Fernández vuelve a perder a uno de sus funcionarios leales en el Gabinete.
El conflicto que desató la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta
“La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48hs detuvieron a 7 mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad”, dijo este mismo jueves por la mañana Gómez Alcorta, tras el despliegue de las fuerzas que comanda el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre las tierras ocupadas por la agrupación Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
El martes se desarrolló un gran operativo tras la destrucción, quema y usurpación de propiedades de la zona por la comunidad mapuche. En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó un “Comando Unificado de Seguridad” para controlar y custodiar la zona de Villa Mascardi.
De las siete las personas de la lof Lafken Winkul Mapu detenidas en el despliegue, dos estaban con sus hijos pequeños y una de las mujeres está embarazada de 40 semanas.
Es por ello que la hasta ahora ministra de Mujeres se declaró alerta “desde el primer momento” e “interviniendo activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”.
En ese sentido, hizo hincapié al traslado de 4 de las mujeres a la cárcel de Ezeiza: “Es gravísimo. Las trasladan a 1500km de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, sin haber tenido contacto con nadie. Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa”.
El comunicado de Gómez Alcorta llegó un día después de que la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro manifestara su descontento: “No ha habido intervención del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, así como tampoco del Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) por la situación de los bebés detenidos”, publicó desde la cuenta oficial de la organización.
Además de la intervención del Ministerio de Mujeres, la diputada oficialista Mónica Macha presentó un proyecto de resolución en Diputados “para repudiar el violento y desproporcionado operativo desplegado por la Justicia Federal y las Fuerzas de Seguridad intervinientes para desalojar a la comunidad Mapuche de sus tierras ancestrales”.
El mismo día del operativo, a través de Twitter, el ministro Aníbal Fernández negó que haya existido represión a la hora de desalojar el territorio y remarcó que las detenidas se encontraban “en perfecto estado de salud”.
“Se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi. Con orden judicial en mano, ingresó la Policía Federal Argentina, con el cometido de cumplir manda judicial. El ingreso se hizo sin armas letales”, dijo y aclaró: “No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado”.
Sin embargo, en las últimas horas, expresó: “Hubo una semana de trabajo previo de preparación para poder resolver el tema de la usurpación. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa. Funcionó y no entramos con armas letales”.
“La Justicia la que decide, no soy yo”, dijo el ministro respecto al insistente pedido de liberación de las siete mujeres detenidas.
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