Rebelión de los mozos de la Casa Rosada: están en pie de guerra por las horas extras y preparan un paro.

La mayoría de los trabajadores perderán casi el 60% de su sueldo. En algunos casos, pasarán de tener haberes de $450.643 a $189.271. Este viernes habrá una asamblea en el comedor de Balcarce 50 para definir medidas de fuerza.

Un nuevo foco de conflicto apareció en el gobierno de Javier Milei. No fue la Corte Suprema, ni la oposición legislativa, sino que son los mozos de la Casa Rosada quienes están en pie de guerra porque les quitaron la posibilidad de hacer horas extras. Según pudo saber TN, hay trabajadores que pese a tener 20 años de antigüedad pasarían a cobrar menos de $200.000.

Con esta medida, a varios se les redujo el 58,32% de su sueldo de noviembre y percibieron en el siguiente solo el 41,68%. Varios de los mozos comentaron a este medio que en menos de un mes pasaron de cobrar $450.643 a $189.271.

Uno de ellos. en diálogo con TN expresó: “No somos lo mismo que el resto. Vamos a laburar todos los días hace años. No nos podemos tomar vacaciones ni nos podemos enfermar porque perdemos las horas extras. En la pandemia fuimos siempre”.

“Hay gente que alquila, que tiene hijos, que no tiene otra persona de la familia trabajando y la dejan con menos de la mitad del sueldo. La mayoría tiene créditos que pagar que planificó en base a lo que venía cobrando. Que nos corten todo porque creen que eso es bueno es grave porque no se dan cuenta del daño que hacen”, agregó.

Los trabajadores de otros rubros dentro de Balcarce 50 reconocen que el servicio de mozo es uno de los rubros más afectados por la quita de horas extras, ya que en su mayoría son contratistas.

Es por eso que este viernes habrá una asamblea presidida por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) a las 15 en el comedor de Casa Rosada. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el otro gremio de estatales, no confirmó su asistencia.

No solo asistirán los mozos, sino que también participarán los cocineros, el personal del museo y trabajadores administrativos del edificio que fueron afectados por la quita de horas extras.

Dependen, en parte, de la secretaría general de Presidencia, que es liderada por Karina Milei, de la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse y del Ministerio de Interior de Guillermo Francos.

Los delegados del gremio pondrán en tema a los trabajadores, responderán dudas y prepararán medidas de fuerza. Según pudo saber TN, más allá de que adherirán al paro general del 24 de enero que comunicó la Confederación General del Trabajo (CGT), planifican otro.

Quieren que se les aumente el sueldo básico de cada función acorde a lo que cobraban anteriormente con el agregado de las horas extras y planificar ajustes con ese piso en base al índice de inflación. También piden la restitución de 42 trabajadores a los que no se les renovó el contrato.

Hasta el momento, desde ATE indicaron que todavía hablan con un funcionario de la gestión anterior, Pablo Fiorentini, que figura como Director General de Administración de Recursos Humanos de jefatura de Gabinete.

Tanto los trabajadores como los delegados del gremio buscan llegar a la secretaria general de Presidencia como al jefe de Gabinete. Argumentan que en el pasado lo hicieron siempre así. “A Cafiero lo agarramos un día antes de que se vaya y le contamos cómo es que cobrábamos por horas extra”, contó un trabajador de Balcarce 50.

Los mozos nunca pudieron ver a Javier Milei. Cuando le llevan café, los frena su secretario privado, Mario Suli, y les agarra la bandeja. Él entra con el pedido y el personal se retira. Lo mismo sucede cuando le llevan comida, pero con el agregado de que el custodio personal del presidente prueba todo antes.

Desde el Gobierno, le expresaron a TN que apuntan a ordenar el sistema de horas extras, pero que no quieren dejar sin sueldo a la gente. “El que trabaja va a tener un buen sueldo y el que no, se va a ir”, manifestó un funcionario.

“Hay algunos trabajadores a los que se les asignaban horas extras que no existían. Queremos que se le pague lo que se merece al que trabaja y que no se aprovechen los vivos. Es algo que se lleva a cabo en todos los ministerios”, agregaron.

La resolución que comunicó la eliminación de las horas extras en la Administración Pública la firmó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert.

Qué dice la resolución

“Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado establecido en el Decreto N° 8/2023, y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, comienza.

“Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas”, continúa.

“En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios, previo informe circunstanciado sobre las causales que impiden dar cumplimiento a los requerimientos de servicios, fundado en un análisis de dotaciones y modalidades operativas”, agrega.

“La citada solicitud deberá elevarse a la máxima autoridad administrativa con competencia en la administración del presupuesto de cada jurisdicción o entidad, quien la aprobará o denegará. Esta última comunicará tal decisión al área responsable de los recursos humanos y a la autoridad requirente. A su vez, cada autoridad administrativa deberá informar mensualmente a esta Secretaría, con copia a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional del Ministerio de Economía, la asignación de servicios extraordinarios autorizados y el impacto presupuestario”, concluyó.