El mandatario fueguino envió una carta al ministro Taiana para insistir que el Gobierno nacional intervenga en la desinstalación del radar de una empresa de Estados Unidos y Gran Bretaña en su territorio. Nueva advertencia sobre su posible uso militar
En un nuevo capítulo de la polémica desatada alrededor del radar de la empresa británico-norteamericana LeoLabs instalada en la localidad de Tolhuin, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, exigió al Ministerio de Defensa que «retire de inmediato» el artefacto por su «posible uso militar» y «riesgo para la soberanía» argentina en el Atlántico Sur.
Según una carta que envió el gobernador Melella al ministro de Defensa, Jorge Taiana, la administración de Tierra del Fuego insistió con un urgente operativo para desmantelar de la zona de Tolhuin el radar que fue instalado por la empresa Leolabs.
«Necesitamos eliminar cuanto antes el interrogante sobre el presunto funcionamiento activo del radar de una empresa de capitales norteamericanos y británicos que podría estar interfiriendo las comunicaciones sensibles de Argentina en el Atlántico Sur», dijo Melella en diálogo con El Cronista.
En su misiva a Taiana, el gobernador de Tierra del Fuego fundamentó su reclamo en base al informe en que el mismo Ministerio de Defensa ordenó la «cancelación definitiva» de un radar instalado en Tierra del Fuego por la empresa Leo Labs de capitales norteamericanos y de Gran Bretaña por un motivo concreto: el proyecto «afecta severamente la soberanía» de la Argentina en las islas Malvinas y el Atlántico Sur.
El informe del Ministerio de Defensa se elaboró el mes pasado con el aporte técnico de las Fuerzas Armadas, el INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Allí se dejó en claro que el radar que había instalado en la localidad fueguina de Tolhuin la empresa LeoLabs «es un riesgo para la seguridad nacional».
Sin embargo, desde ese momento hasta ahora no se procedió a retirar y desmantelar la instalación del radar. Por ello, el gobernador Melella alertó que hay dudas en Tierra del Fuego sobre la operatividad o no del aparato de Leolabs.
Los fundamentos
El documento que Defensa elaboró y se entregó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ordena taxativamente cancelar el proyecto de LeoLabs en Tierra del Fuego y se elevó luego de la polémica que se desató hace más de dos meses cuando el mismo ministro Taiana y legisladores de la oposición denunciaron que la compañía británico-estadounidense podría afectar la soberanía de Malvinas.
El informe advierte que los radares de la empresa LeoLabs estarían en condiciones técnicas de transmitir información y filtrar datos sensibles para la seguridad nacional. A la vez, se detalla en el informe de Defensa que la compañía podría tener nexos con servicios de inteligencia de Gran Bretaña y de la OTAN.
El informe de Defensa al que tuvo acceso El Cronista añade un documento de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego en donde consta que la empresa en cuestión está radicada con domicilio en Londres y en Dublin.
Por otra parte, el senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, se den las instrucciones a quien corresponda o se proceda al inmediato desmantelamiento del radar instalado por la filial argentina de la empresa LeoLabs en las cercanías de la ciudad de Tolhuin.
Asimismo, el legislador pidió que se lleve a una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades que llevaron a la instalación de dicho radar, incluyendo la evaluación de las acciones y decisiones tomadas por el gobierno provincial de Tierra del Fuego en este asunto e instó al Poder Ejecutivo Nacional a fortalecer y garantizar la soberanía aeroespacial de la Argentina, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad nacional en relación con el espacio aéreo.
En rigor, como informó El Cronista previamente, la instalación del radar en Tierra del Fuego fue avalada por una resolución que firmó en su momento el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur. La Cancillería y el Ministerio de Defensa no estaban al tanto de esa aprobación y se enterraron más tarde cuando estalló toda la polémica.
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