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Imputan a grandes empresas de consumo masivo por desabastecimiento.

Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron imputadas por la Secretaría de Comercio Interior.

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a las empresas de consumo masivo Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior en un comunicado.

En rigor, esta resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.

Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la Subsecretaría “identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo”.

A partir de esta evidencia, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.

“Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó el área que conduce Paula Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, “se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”, precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, “se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado”.

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, “se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo “también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”.

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”.

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata “se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”.

En la empresa Bunge, compañía global de agro negocios, “también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas”.

Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini “no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo”.

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del 70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento —que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014— fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.

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