20 abril, 2024

Le concedieron la excarcelación a Marcelo Corazza pero no podrá salir del país

Fue una decisión del juez Ariel Lijo quien dispuso que el productor de televisión, acusado de corrupción de menores y abuso sexual, deberá usar una tobillera electrónica.

El productor televisivo y primer ganador del reality Gran Hermano, Marcelo Corazza, recuperó este martes su libertad, pero seguirá siendo investigado en una causa por corrupción de menores y presunto abuso sexual.

El juez federal Ariel Lijo concedió la libertad bajo “caución juratoria” (bajo palabra) pero le impuso una serie de reglas de conducta, entre ellas la presentación mensual a su juzgado, el monitoreo por tobillera electrónica y la prohibición de salida del país.

En la víspera, la fiscalía federal número dos, a cargo de Carlos Rívolo, había consentido el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Corazza, quien está preso desde fines de mayo pasado.

Corazza está imputado por dos hechos de corrupción de menores, exhibiciones obscenas y asociación ilícita.

Tras el dictamen favorable de la fiscalía, el juez Lijo disponía de un lapso de 24 horas para resolver si concedía o denegaba el beneficio. Finalmente, hoy aceptó el planteo y lo excarceló, fijándole pautas de conducta que deberá cumplir, so pena de que se le revoque la libertad.

El juez evaluó que Corazza siempre estuvo a derecho, tiene domicilio fijo y comprobado, no tiene condenas anteriores ni insinúa riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La causa se inició en marzo pasado y, en lo referido a Corazza, se le atribuyeron inicialmente hechos ocurridos en el año 2001.

Recuperó la libertad, pero el 31 de mayo fue nuevamente detenido tras una apelación presentada por el fiscal de primera instancia Patricio Lugones, cuando la causa tramitaba en el fuero penal ordinario.

Luego, el expediente pasó al fuero federal y allí el juez Lijo procesó al productor televisivo por otros hechos, no obstante, lo cual dispuso ahora su excarcelación.

La excarcelación no interrumpe ni modifica la prosecución de las causas en las que está implicado, que se encaminan hacia el juicio oral y público por delitos que tienen una pena en expectativa de hasta diez años de prisión.