La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado informando que no se les pagó 11800 millones de pesos.
Una deuda del Gobierno nacional con empresas de micros del interior hace peligrar el normal servicio para el fin de semana de Navidad. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado en el que informó que aún no se les pagaron $11800 millones prometidos y, a raíz de ello, podrían iniciar un paro desde el próximo 23 de diciembre.
En el escrito, la F.A.T.A.P detalló que “el Estado Nacional adeuda los aportes comprometidos para el mes de noviembre, que suman $6000 millones de pesos, y se advierte la misma situación para el mes en curso, en el que deberían desembolsarse $5850 millones”.
“Durante las próximas semanas, los servicios deberán ser restringidos ante la falta de recursos que permitan afrontar los gastos básicos del sistema, necesarios para la normal continuidad de las prestaciones”, señaló en el comunicado el Consejo Directivo de la FATAP.
“El grave cuadro de la situación descrita impedirá que las empresas del interior cumplan con sus obligaciones fiscales e incrementen deudas imposibles de afrontar aún con refinanciaciones y moratorias”, añadieron.
El comunicado de FATPA y la amenaza de un paro del servicio de micros en el interior a partir del 23 de diciembre.
“Las provincias no podrán en lo sucesivo realizar aportes adicionales a los ya ejecutados para hacer frente a los salarios del mes de noviembre, a causa del incumplimiento en el aporte de fondos nacionales, lo que ocasiona en aquellos territorios una situación que pone en riesgo la paz social, y la continuidad de muchas empresas de transportes de personas del interior del país, en épocas difíciles y de alta sensibilidad”, cerraron.
Desde el ministerio de Transporte de la Nación explicaron ante la consulta de TN que el Estado nacional hizo los pagos en tiempo y forma, pero que el fondo compensador se gira a las provincias y que son las jurisdicciones las que luego aportan los fondos. Entonces, ante esta protesta, cada provincia deberá negociar cómo avanzar y si proceden en aplicar sanciones a las empresas.
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