La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad).
Muchos países de ALC tienen marcos metodológicos para promover la rendición de cuentas, la transparencia e integridad en el proceso de toma de decisiones públicas, pero su implementación varia en gran medida. ● ● Para contrarrestar la influencia indebida en las elecciones, la mayoría de los países de ALC prohíben las donaciones políticas anónimas; sin embargo, 92% de los países encuestados permiten contribuciones en efectivo, lo que dificulta el rastreo de las fuentes de recursos. Los partidos o los candidatos tienen permitido dar regalos a los votantes en 25% de los países. ● ● Ocho de los doce países de ALC encuestados tienen mecanismos basados en el mérito para la contratación de personal, tales como exámenes competitivos de entrada al servicio civil. No obstante, una proporción significativa del personal temporal no está sujeta a tales procedimientos (p.ej. el 57% del servicio civil en Chile, 40% en Perú y 34% en Argentina en 2018) ●
En 2019, los 10 países de ALC encuestados cuentan con un requerimiento para consultar a los actores interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas. Sin embargo, en la práctica, solo tres de ellos los involucran de manera sistemática durante el proceso regulatorio. ● ● El índice de la OCDE de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OUR data) mide la disponibilidad, accesibilidad y el apoyo del gobierno a la re-utilización de los datos abiertos gubernamentales. En promedio, en 2018, los países de ALC obtuvieron un puntaje de 0,43 comparado con un promedio para la OCDE de 0,60. Colombia (0,88), Mexico (0,71), Brasil (0,63) y Uruguay (0,62) tienen puntajes más altos que el promedio de la OCDE. Coordinación de política, gestión pública y capacidad institucional más robustas mejorarán la eficacia del sector y contribuirán a recuperar la confianza ciudadana ● ● Los centros de gobierno (Cdg), que apoyan al gabinete ministerial y al jefe de gobierno, tienen un rol débil en la planeación estratégica en los países de América Latina y el Caribe. La mayoría de Cdg en los países de la OCDE coordinan el diseño y la implementación de prioridades estratégicas, pero solo la mitad de Cdg en América Latina y el Caribe se encargan de ello. ● ● Varios países de ALC tienen reglas fiscales para mejorar la predictibilidad de las finanzas públicas. Diez de los trece países encuestados han establecido techos o niveles de gasto, y siete han establecido techos de deuda o metas de reducción. Sin embargo, ocho de los trece países encuestados han utilizado presupuestos complementarios cada año entre 2010 y 2017, lo que puede reflejar mala planeación o control financiero. ● ● La fuerza de trabajo en el sector público es más pequeña en América Latina y el Caribe (ALC) que en los países de la OCDE (12% del empleo total en 2018 en ALC y 21% en la OCDE). Las mujeres representan 51% del empleo en el sector público en América Latina y el Caribe contra 60,2% entre los países de la OCDE. ● ● La contratación pública en los países de ALC alcanza, en promedio, 6% del PIB. La mayoría de los países del ALC tienen políticas y estrategias de contratación pública que persiguen objetivos de política complementarios, tales como el apoyo a las PYMES. Sin embargo, solo dos tercios tienen sistemas de contratación pública electrónicos, que promueven la transparencia, la justicia y la eficiencia, mientras todos los países de la OCDE los tienen
No obstante, en los últimos cinco años, el crecimiento económico en la región se ha desacelerado. En 2007 la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 4,4% en promedio en ALC y 2,6% en los países de la OCDE. En 2018, esta disminuyó a 2,3% en la primera, un valor prácticamente idéntico al de la OCDE en el mismo año, eliminando así la brecha en la tasa de crecimiento entre ambas regiones (gráfico 1.1). A partir de 2019, sin embargo, la perspectiva de crecimiento es menor a la esperada, con un bajo crecimiento de la productividad en muchos países de ALC (OECD, 2019 [2] ), sumado a que la región es extremadamente vulnerable a los desastres naturales. Bajo el escenario actual, no habrá convergencia en el PIB entre ALC y los países de la OCDE, y más preocupante aun es que puede poner en peligro el progreso en términos de inclusión económica. De hecho, una gran parte de la nueva clase media es vulnerable al deterioro de la situación económica y se enfrenta al riesgo de volver a caer en la pobreza (OECD/CAF/uN ECLAC, 2018 [3] ).
Las tasas de crecimiento del PIB real en América Latina y el Caribe han disminuido entre 2007 y 2018 –
: Los datos para 2018 en algunos países se refieren estimaciones. Para obtener más información sobre notas específicas del país, ver: https://www . imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx . Fuente : Datos para ALC: FMI, base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO del FMI) (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).
Los gobiernos en la región no aprovecharon lo suficiente las oportunidades que ofreció el auge económico para garantizar que el crecimiento se vuelva sostenible y verdaderamente inclusivo.
La productividad no ha mejorado significativamente, mientras que la desigualdad, a pesar del progreso económico, sigue siendo muy alta, ya se mida en ingresos u otros resultados de bienestar. Los ciudadanos, a pesar de las expectativas y aspiraciones más altas, ven que los gobiernos no responden a sus demandas más exigentes y están en gran medida insatisfechos con los servicios públicos
La inversión pública representó solo el 1,6% del PIB en la región en 2017, aproximadamente la mitad de lo que se invirtió en promedio en los países de la OCDE. En general, el acceso y la calidad de los servicios públicos varían ampliamente y aquellos que pueden pagarlo, optan a menudo por proveedores privados (OECD/CAF/uN ECLAC, 2018 [3] ). Además, según una encuesta de Latinobarómetro en 2018, el 80% de los ciudadanos de la región cree que algunos grupos poderosos gobiernan para su propio beneficio y la percepción de corrupción e impunidad es alta (Engel et al., 2018 [4] ); lo cual contribuye a la baja confianza en el gobierno en general, debilita el apoyo a las reformas y puede polarizar a los ciudadano
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